terça-feira, 21 de abril de 2009

Criminal manipulación para liberar al cabo Moncayo y los demás secuestrados

El siguiente acto del sainete propagandístico y politiquero montado por las Farc y sus áulicos, es el morboso anuncio de la liberación del cabo Moncayo, secuestrado hace más de once años en el Cerro Patascoy. Tiene toda la razón el Presidente Uribe al contestar enfadado que lo correcto es que nunca ha debido ser secuestrado.
Las Farc y sus cómplices internacionales de Caracas, La Habana, Quito, Managua, La Paz, Buenos Aires y Brasilia, jugaron un as pero perdieron la partida. Pretendían utilizar la reciente Cumbre de las Américas para resarcir el cacareado y reiterativo consenso de los comunistas del Foro de Sao Paulo, según el cual, es urgente "la paz" para Colombia a partir del amañado acuerdo humanitario que les quite el rótulo de terroristas.
Pero el inusitado protagonismo del presidente norteamericano Barack Obama, opacó a los demás y dejó en segundo lugar y sin protagonismo mediático, al audaz flechazo de las Farc. Esa y no otra es la razón por la que lafigura visible de Colombianos por la Paz, insiste en que el gobierno es el que está demorado.
Se les desbarató el plan. Igual que cuando no tenían al niño Emanuel, o cuando fueron capturados en Bogotá tres terroristas con las pruebas de superveniencia de Ingrid Betancur y otros secuestrados; o cuando fue abatido Raúl Reyes y los analistas de inteligencia descifraron los gravísimos secretos registrados en los computadores del cabecilla y la forma como venía en marcha el complot contra Colombia.
La artificiosa etapa anterior a la anunciada liberación de Moncayo, no es nada diferente a las estratagemas publicitarias descubiertas en los computadores de Reyes, en aras de lograr el reconocimiento de beligerancia de las Farc.
Tampoco es nada diferente a las líneas de acción dispuestas en el Plan Estratégico del grupo terrorista. Nada distinto a los quiméricos sueños de los jurásicos marxistas-leninistas de tomar el poder en Colombia por medio de la combinación de todas las formas de lucha, para implantar una sanguinaria dictadura comunista similar a la cubana.
Y los actores de reparto del sainete, vuelven a ser los mismos. El presidente Lula, con su actitud de "yo no fui, todo fue a mis espaldas y yo lo único que quiero es la paz de Colombia", desarrolla un papel protagónico en el teatral escenario.
Como buen comunista, el presidente brasileño sigue aferrado a las ideas del proletariado triunfante, a la supresión del capitalismo así haya que utilizarlo como un medio para lograr el fin, a la unidad marxista-leninista de todos los gobiernos latinoamericanos y a destruir por todos los medios el capitalismo del llamado imperio norteamericano.
Por su parte, los autodenominados Colombianos por la Paz, también cumplen su parte en el reparto actoral. En lugar de forzar a las Farc a que liberen a todos los secuestrados sin contraprestaciones, y de paso convencerlos para que se sometan a la ley de justicia y paz, su locuaz representante tiene el descaro de hablar de los "prisioneros de guerra", "las Farc ejército del pueblo", "el comandante Cano" y otras perlas que solo sirven para refrendar su afinidad ideológica y su parte en el show.
Ni a los terroristas ni a los "pacifistas" del sui generis grupo Colombianos por la Paz, pareciera importarles un ápice el dolor de los secuestrados. Unos y otros se tapan con la misma cobija y por el contrario, se evidencia que están amangulados para hacer las entregas a cuentagotas, con misterios, con improperios y descalificaciones contra el gobierno nacional, con retardos calculados, con la búsqueda de padrinos internacionales, con despliegue mediático y con la obvia intención que la audaz mediación postule al o a la candidata a la Presidencia, proyectada a ser el presidente(a), que negocia con los terroristas la desmovilización de sus estructuras, a cambio del gobierno de transición hacia el gobierno integrado al socialismo del siglo XXI, que pulula en el continente.
Si fuera cierto que a los llamados Colombianos por la Paz, les interesara la paz y el bienestar de los compatriotas, no actuarían como multiplicadores del caballo de Troya que se esconde en la propuesta del acuerdo humanitario tendiente a legitimar a los terroristas, ni se prestarían para que las Farc abusen de la estupidez funcional del papá del cabo Moncayo, quien igual a la mamá de Ingrid Betancur, se dedicó a despotricar del Presidente Uribe, en lugar de asediar a los terroristas que han secuestrado, torturado y maltratado a su hijo.
Los "intelectuales" de izquierda que se identifican como Colombianos pacifistas amigos de Colombia, no son imbéciles. Por el contrario son personas con los cinco sentidos en orden. Por lo tanto, saben y entienden, que las liberaciones a cuentagotas, son una macabra y siniestra manipulación del dolor humano. Conscientes o inconscientes hacen parte del síndrome de Estocolmo colectivo, que quieren imponer los terroristas a todos los colombianos.
Por esa razón es incomprensible que se presten para semejante monstruosidad. Si de verdad son amigos de Colombia y en realidad quieren la paz, entonces que lo demuestren con hechos concretos; más que con "mediaciones humanitarias" que esconden artilugios publicitarios. La única opción pacifista es la desmovilización de los terroristas, y a eso es que debieran apuntarle, quienes en aras de sacar del camino al presidente Uribe, juegan a Dios y al diablo, sin importarles que con sus actitud maniquea hacen parte de la descomposición política del país y el futuro de la institucionalidad.
Es hora que tanto los alebrestados antiuribistas y los indiferentes, se den cuenta que el presidente Uribe no es el problema, que las Farc no son la solución a los males estructurales del país, y que legitimarlos no contribuye a nada, pues los terroristas no representan a nadie más que al arcaico partido comunista colombiano.
Si Colombia entera se manifestó de manera multitudinaria contra las Farc y exigió la liberación incondicional de todos los secuestrados, como verdadera muestra de paz, la obligación de quienes se auto denominaron "colombianos por la paz" en supuesta representación del sentir popular, debe ser de respaldo al país y el cumplimiento irrestricto de un claro mandato colectivo de la nación.
Por dicha razón, es hora que Colombia deje atrás el silencio y exija a los terroristas que liberen al cabo Moncayo y a los demás secuestrados, sin actos propagandísticos, sin mediadores mañosos como Lula y sin la torva intención de Chávez, Correa y Ortega de legitimar a las Farc y sin la estupidez funcional de quienes creen que hacen un gran favor al país, con tanto show innecesario. Ese sería el final del sainete...
Y también es hora que el profesor Moncayo recapacite hacia donde debe apuntar la artillería, pues lo más seguro es que alebrestado por los secuestradores, su hijo va a salir a repetir las mismas frases ordenadas por las Farc que dijeron Luis Eladio Pérez, Alan Jara y Sigifredo López, para presionar al gobierno colombiano que la única opción es el canje humanitario, en las condiciones que imponen los terroristas.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
Analista de asuntos estratégicos
www.luisvillamarin.co.nr

domingo, 5 de abril de 2009

Los niños en la guerra

Cifras aproximadas indican que el 30% de los integrantes de los grupos terroristas que delinquen en Colombia son menores de edad y casi todos niños preadolescentes. En medio del morbo publicitario, los medios de comunicación se han limitado a reseñar los constantes casos, mientras que los organismos gubernamentales y las Ong´s que se relacionan con el tema, se han quedado estancadas en las estadísticas de los desmovilizados en estas categorías.

Llama la atención, que los abanderados de la supuesta paz, verbigracia el Partido Comunista y los Colombianos por la Paz, guarden silencio cómplice frente a este hecho de barbarie y de corrupción de mentes infantiles.

Sería de esperarse que los fervientes defensores de los derechos humanos, siempre encaminados a buscar condenas jurídicas politizadas contra quienes los han combatido en el campo de batalla, verbigracia el aberrante caso de injusticia contra el coronel Alfonso Plaza Vega; se pronunciaran con la misma vehemencia e hicieran seguimientos minuciosos a los procesos por el reclutamiento de menores para los grupos terroristas.

Quienes hemos comandado operaciones de contraguerrillas en diferentes regiones del territorio nacional, a diario tomamos contacto no solo con la realidad de la Colombia rural (tan desconocida como ajena para los burócratas citadinos), sino que hemos visto de cerca a menores de edad capturados, muertos o heridos en medio de los combates.

Para mencionar un solo caso de los muchos que conocí de cerca, cito a Henry Gutiérrez Restrepo alias Daniel de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del Eln, quien se presentó de manera voluntaria a la base militar de Juanes en zona rural de San Carlos Antioquia en 1990.

Para al época, Henry tenía 12 años de edad, cuatro de ellos de militancia en la cuadrilla terrorista. Fue reclutado para el Eln por Rigoberto Buitrago Ramírez alias Saúl, cabecilla del grupo, hermano de Carlos y Alirio Buitrago, en cuya memoria el sacerdote católico Bernardo López Arroyave, fundó este grupo terrorista, en el suroriente antioqueño.

Tengo el vívido recuerdo del breve texto que leí en un trozo de cartón rasgado de una caja de crema dental, que cargaba el imberbe entre la cartera:

-Si matan o hieren a Henry, localicen a mi mamá en San Luis y le informan. Ella vive cerca del parque municipal-

Con apenas segundo año de escuela primaria, Henry hacía parte de la Comisión de Trabajo Político Organizativo, encargada entre otras cosas de "limpiar la región de sapos, paramilitares, y enemigos de la revolución popular".

Impresionado por la vivacidad del imberbe, complementada por su extraordinaria memoria fotográfica y la precisión de los detalles que narraba, demoré dos días desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, en desarrollo de la entrevista y cotejo de datos útiles para la inteligencia militar. Muchas de sus revelaciones, fueron útiles para las operaciones subsiguientes y puntal importante, para escribir el libro de mi autoría titulado El Eln por dentro, publicado años después de esta experiencia.

Henry relató con lujo de detalles el planeamiento y ejecución del asalto a Cementos Río Claro en 1987, los "ajusticiamientos" que cometía Palizada, las veces que el mismo incineró tractomulas en la autopista Medellín-Bogotá, los secuestros de unos ciclistas y unos japoneses adscritos a Isa, el ataque terrorista contra la Central Hidroeléctrica de Jaguas, los malos tratos de palabra y de obra que recibió de los cabecillas y en especial el temor a escapar, por miedo a que los terroristas asesinaran a su madre, como se lo habían advertido.

Henry rindió testimonio ante el juez promiscuo de San Carlos, pués en esa época no había Fiscalía, pero de manera curiosa, no hubo acción legal contra los integrantes de las milicias populares urbanas del Eln, a quienes señaló con nombre propio y actividades específicas, sino que al poco tiempo, todos los denunciados estaban al tanto de los cargos, pero ni eran llamados a declarar, ni tampoco eran requeridos por autoridad alguna.

Igual que sucede ahora con las reticentes denuncias de los claros nexos del Partido Comunista con las Farc, o las críticas sentidas de algunos columnistas acerca del tratamiento diferente de los medios de comunicación y de las autoridades judiciales, frente a los casos de parapolítica y Farcpolítica. O con las graves denuncias que hizo Olivo Saldaña contra sindicalistas, un exgobernador y dirigentes políticos regionales en el Tolima. Una vez mas el silencio cómplice fue la matriz del asunto.

Llama también la atención que el combo de Piedad Córdoba pegado al embeleco del acuerdo humanitario, so pena de resucitar el descompuesto cadáver político de las Farc y buscar la candidatura presidencial de la polémica senadora liberal, jamás se detiene a cuestionar a los terroristas por el reclutamiento de menores, o por los secuestros, o por envenenar acueductos, o por destruir la infraestructura económica, o por desplazar a tanto campesino amenazado de muerte, etc.

No.. En la agenda de los autodenominados Colombianos por la paz, solo aparece escrito el mandato del Foro de Sao Paulo dirigido por Lula, Chávez, Correa, Ortega la dictadura cubana y las Farc: Hacer un acuerdo humanitario en Colombia, que de estatus a los terroristas, reconozca su beligerancia y permita abrirles embajadas en Managua, Quito, Caracas, Brasilia y La Habana y desatar la etapa final de la guerra contra Colombia, con el fin de imponer una dictadura totalitaria similar a la cubana.

Lo tragicómico del asunto, es que pese a las revelaciones de los computadores de Reyes, a las anotaciones del diario de la terrorista holandesa que anda al lado de Lozada, a las declaraciones de Cano, a que las Farc no han renunciado a su Plan Estratégico y a que el Foro de Sao Paulo sigue empeñado en envenenar mentes como lo hicieron en Caracas hace una semana con el homenaje a Tirofijo; todavía hay estultos funcionales que creen que Lula obra de buena fe, que el embeleco pacifista de los Colombianos por la Paz, no tiene doble fondo, y que las Farc con su comunismo están pérdidas.

No se dan cuenta que por culpa de esa indiferencia e indolencia, de no haber sido por el certero bombardeo a la guarida de Reyes, el maquiavélico complot habría seguido su curso.

Y tampoco se dan cuenta que las Farc asesinan la vida en primavera, que las bandas mal llamadas paramilitares son una consecuencia del terrorismo comunista, que muchos de los paras primero fueron miembros de las Farc y el Eln, y lo que es mas grave, que más de la tercera parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos terroristas en Colombia, son ejecutados por menores de edad como Henry Gutiérrez, cuya fogosidad es utilizada con macabra y siniestra intencionalidad por desadaptados o resentidos sociales como el cura Pérez, el sacerdote Bernardo López Arroyave, y otros bandidos cuyos nombres son utilizados por las cuadrillas de las Farc y el Eln.

Dos o tres semanas atrás, Ramón Isaza reconoció ser el autor intelectual de la muerte de los hermanos Carlos y Alirio Buitrago. Herlinda Ramírez la madre de las dos víctimas, quien también es miembro activo del Eln, pidió en público la reparación por la muerte de sus dos angelitos. Entendible desde el punto de vista maternal y humano, pues su dos hijos fueron masacrados por sicarios al servicio de Isaza, quien desde luego debe responder por el homicidio múltiple.

Lo que no es entendible desde le punto de vista jurídico, es porqué la mencionada señora no responde ante los tribunales de justicia por los crímenes de lesa humanidad que han cometido sus hijos con su complicidad, pues los ha apoyado en el trasegar clandestino desde cuanso la familia entera se enguerrilló; por los actos de sedición en que ha participado ella y su esposo Manuel identificado con el alias de Marcelo, como lo denunciaron en su debido momento Angélica Mazo alias Mónica, Faber y el propio Henry Gutiérrez.

Pero claro, la justicia está sobrecargada de procesos en un país donde la ley y el orden no se compaginan. Y de contera, hay tendencia al espectáculo mediático o a las aberraciones jurídicas como el politizado juicio contra el coronel Plazas Vega. Mientras tanto por lógica conveniencia Petro, Navarro, y los demás terroristas desmovilizados del M-19 dicen que todo fue a sus espaldas, que ellos eran del M-19 pero no participaron en el sangriento asalto al Palacio de Justicia, por ende no son responsables, y claro, que ellos nunca reclutaron niños para el M-19.

En la práctica, miles de imberbes engatusados en las oscuras estratagemas de guerra leninista contra la institucionalidad colombiana, siguen enredados en un desangre feroz... los comisarios políticos de esa barbarie, dedicados a legitimarlos, a la par con la actitud calculada y condescendiente de los mandatarios marxistas de Ecuador, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua....

Ese es un bosquejo global del entorno de los niños que están en la guerra contra Colombia.






Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

www.luisvillamarin.co.nr

Analista de asuntos estratégicos

quarta-feira, 1 de abril de 2009

Solidaridad automática

Chávez y toda su camarilla se caracterizan por mostrar su solidaridad automática con aquéllos que considera están en la misma acera de sus intereses políticos. No importa cuán pillos o delincuentes sean éstos, ni tampoco cuántas vidas hayan cobrado sus "hazañas".

Un ejemplo de esta solidaridad automática perniciosa del "bolivariano" es la carta aquélla que envió en 1999 al terrorista venezolano Carlos Ilich Ramírez Sánchez, alías El Chacal, donde intenta reivindicarlo como un valeroso revolucionario. Este terrorista paga en una cárcel de Francia dos cadenas perpetuas: una por el asesinato de dos policías, en 1975 en París, y la otra por un triple homicidio. El Chacal tendría abiertos aún cinco sumarios por distintos atentados que cobraron más de 80 víctimas.

Chávez ni siquiera se ha medido para mostrar su respaldo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las cuales ha catalogado como "verdaderas fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político y bolivariano". Es de triste recuerdo, su petitorio en el 2008 a la comunidad internacional para que le dieran beligerancia a estos grupos y los sacaran de la lista de grupos terroristas.



Entre sus amigos "del alma" también se contó al ex dictador de Irak, Saddam Hussein, ejecutado por sus crímenes de lesa humanidad, con quien Chávez se paseó orgulloso por Bagdad hace varios años. Otro ejemplo más doméstico del respaldo incondicional de Chávez a quienes le son afectos, es el que le ha dado a los "pistoleros" de Puente LLaguno. Estos pistoleros son responsables de la emboscada a una marcha pacífica de venezolanos que pedían la renuncia del mandatario el 11 de abril de 2002, y en la cual cayeron víctimas decenas de venezolanos. A pesar de que sus actos vandálicos quedaron grabados para la posteridad, los Pistoleros de Llaguno andan en libertad, y algunos de ellos han sido electos, con el apoyo del partido de Gobierno PSUV, para cargos públicos.


Sin embargo, estos tres hechos se quedan cortos frente al apoyo incondicional que le está dando Hugo Chávez al presidente de Sudán, Omar al Bashir, luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera en su contra una orden internacional de arresto inmediato y de obligatorio cumplimiento para los países signatarios. El que Venezuela sea uno de esos países signatarios hace aún más inconcebible, que su Presidente, Hugo Chávez, haya manifestado una defensa a ultranza a favor de Al Bashir, en la Cumbre de la Liga Árabe y de los Países de América del Sur realizada esta semana en Doha.


Sobre Al Bashir pesan siete cargos: cinco por crímenes de guerra - entre ellos exterminio, tortura y violación - y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje en la región de Darfur. Cabe recordar, además que el sudanés es el primer presidente en ejercicio en ser acusado por la Corte Penal Internacional.


Para algunos analistas, con esta solidaridad para con Al Bashir, Chávez estaría poniendo sus barbas en remojo no vaya a ser que él sea uno de los próximos presidentes en ejercicio que estaría en la lupa de la Corte Penal Internacional. . Disponible en inglés en:

Fuente: http://www.veneconomy.com/ a partir de las 4:00 p.m.

terça-feira, 31 de março de 2009

UnoAmérica responsabiliza al Gobierno de Morales por la masacre de Pando


UnoAmérica responsabiliza al Gobierno de Morales por la masacre de Pando
Denunciarán al Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de DD. HH.y la Corte Penal

30/03/2009 - 23:58:28 - SANTA CRUZ - La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), en una investigación sobre los sucesos de Pando encontró suficientes elementos de juicio y probatorios que involucran directamente al Gobierno de Evo Morales en la planificación y ejecución de homicidios, secuestros, lesiones personales y demás violaciones a los derechos humanos ocurridos en la localidad de El Porvenir y otros sitios.
La Comisión se reunió en días pasados con pobladores de Porvenir y Cobija, con exiliados en las ciudades brasileñas de Brasilea y Epitaciolandia, el prefecto Lepoldo Fernández y otros presos políticos detenidos en la cárcel de San Pedro, así como con integrantes de la denominada marcha campesina.
Los delegados indicaron que estas violaciones a los derechos humanos se produjeron en el marco de una agresión propiciada con premeditación y alevosía desde esferas gubernamentales, que generó una legítima defensa de parte de los pobladores de Porvenir y Cobija.
"Si bien la investigación todavía no ha finalizado, se han recabado suficientes elementos de juicio que exoneran de toda culpa al prefecto Leopoldo Fernández y a los habitantes de las poblaciones de Cobija y El Porvenir, y que involucran directamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y a otros funcionarios y aliados del Gobierno, en la planificación y ejecución de los hechos de violencia que se suscitaron en Pando", señaló Alejandro Peña Esclusa, presidente de UnoAmérica.
Entre los funcionarios y aliados del Gobierno estarían implicados el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la delegada presidencial, Nancy Teixeira, el alcalde de Filadelfia, Antonio Aguilera, el jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, Miguel Becerra Suárez y el senador suplente Abraham Cuéllar.
Según UnoAmérica, esto permite adelantar que los informes de la Cámara de Diputados, Unasur y Naciones Unidas presentan graves falencias y hacen un manejo sesgado y selectivo de la información.
Durante su investigación, la Comisión constató la crisis humanitaria surgida a consecuencia de la militarización de Pando, que incluye acciones de amedrentamiento y abusos contra la población civil. Ante el temor de un agravamiento de la situación, la Comisión de Derechos Humanos de UnoAmérica reclamará medidas cautelares internacionales para la protección de los pobladores, así como para los numerosos exiliados en localidades fronterizas del Brasil.
Se conoció que la investigación será presentada en un informe técnico a distintos organismos nacionales e internacionales, y será la base para realizar denuncias en contra del Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Un informe responsabiliza al Gobierno de masacre en Pando Pruebas. UnoAmérica presentará el reporte técnico en el exterior


La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), integrada por delegados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela y Bolivia, responsabiliza al Gobierno de Evo Morales, particularmente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de la planificación y ejecución de los hechos de violencia que se produjeron en Pando en septiembre del año pasado. Ver más


Acusan al Gobierno de la masacre en Pando


La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), ha realizado una investigación sobre la masacre de Pando, la cual señala que existen suficientes elementos de juicio y probatorios que involucran directamente al Gobierno de Evo Morales en la planificación y ejecución de los homicidios, secuestros, lesiones personales y demás violaciones a los derechos humanos ocurridas en El Porvenir y otros sitios del departamento amazónico.Ver más



Pura Gonzales Velasquez

Una comisión de investigadores de UnoAmerica, responsabilizó directamente al Gobierno de Evo Morales, respecto a la masacre de Pando en septiembre del año pasado, contradiciendo el informe emitido por la Unasur, presidido por Rodolfo Mattarollo, que condenó a la oposición como autora material e intelectual de la muerte de decenas de personas, varias de ellas se encuentran refugiadas en Brasilea. Los delegados de UnoAmerica estuvo investigando desde el pasado miércoles 25 de marzo, acción que acusó amedrentamientos y persecuciones a los foráneos. Ver más

quinta-feira, 26 de março de 2009


Acaba de salir al mercado mi mas reciente producción literaria titulada Complot contra Colombia.

Esta obra escrita en 276 páginas, reforzadas con mas de 100 ilustraciones, analizA tanto los contenidos como las incidencias de los computadores de Raúl Reyes, dentro del marco del Plan Estatégico de las Farc y los proyectos delictivos del grupo terrorista a nivel internacional.

En ese orden de ideas, el documento evalúa la estrategia integral de las Farc en los campos político (interno y externo), financiero (drogas, secuestros, extorsiones) y armado (crecimiento de las cuadrillas, terrorismo y asentamiento de los llamados bloques de frentes, en lugares de alta incidencia geopolítica del país).

Merecen especial atención, los capítulos que analizan los reveladores hallazgos de los sólidos nexos de los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia con los terroristas colombianos, asi como la habilidosa estrategia de diplomacia paralela que ha desarrollado en forma sostenida y sistemática, el llamado Frente Internacional de las Farc, frente a la casi nula respuesta de la Cancillería colombiana al respecto.

El libro constituye un texto de historia del conflicto colombiano, un análisis profundo de inteligencia estratégica y geoestrategia; y una crónica de la Operación Fénix, quizás la mas importante de las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares y de Policía, a lo largo de cinco décadas de guerra contra el terrorismo comunista en Colombia.

terça-feira, 24 de março de 2009

La guerra mediatica desborda al Gobierno

*Jaime Eduardo Botero Gomez

Muchos hemos oído hablar de “todas las formas de lucha”, un viejo invento del comunismo para librar sus batallas políticas, desestabilizar estados y lograr llegar al poder. Esta vieja técnica no ha pasado de moda, como muchos conceptos de la política y la vida institucional, por el contrario, se ha perfeccionado a tal punto que, hoy en Colombia es posible incluso desestabilizar la política de seguridad democrática. Hoy en día se le conoce como “Guerra Política” y tiene dentro de sus más fuertes y eficaces manifestaciones, las guerras mediática y jurídica.
Un ingrediente fundamental es la ingenuidad de un pueblo, el adormecimiento de las masas o apaciguamiento, y la credibilidad que ostentan los grandes medios y por supuesto, los idiotas útiles – en algunos casos los periodistas son utilizados y en otros casos artífices de la estrategia -. En estos días, ha sido muy efectiva la guerra mediática, y han descubierto sus orientadores, una llave de oro con la guerra jurídica. Tal parece que conforman una dupla excepcional.
Veamos un par de ejemplos, los más recientes y significativos. Es claro que como estos los hay cientos y en un futuro muy cercano miles. Es a partir de esta espectacular combinación que se destituyen militares, se encarcelan congresistas y se mutilan instituciones del Estado creadas para la seguridad nacional, pilar de la democracia.
El primero de los ejemplos nos muestra como, unos delincuentes reportados como dados de baja en unas operaciones, - aquí es importante aclarar que hasta el momento la justicia no ha fallado, no ha dado respuesta definitivas y en muchos casos ni existen siquiera las investigaciones -, fueron presentados luego como víctimas de “falsos positivos”. Informaciones de ida y de vuelta, fueron “validadas por los medios” y la condena mediática fue consolidándose, no por los jueces sino por los periodistas. La sentencia: el Ejército colombiano era culpable de los “falsos positivos” y esto constituía una política de gobierno.
La campaña mediática fue inmensa y llegó al exterior, hasta que la presión sobre el gobierno, estalló de forma indebida, pagando los platos rotos 27 militares que fueron mostrados al mundo como asesinos despreciables. Los generales fueron comparados en prensa escrita y hablada, con los criminales más famosos de la Alemania Nazi. Hoy en día nadie se preocupa si se abrieron investigaciones, si fueron encontrados culpables o inocentes, para todos son culpables. Pero eso sí, la guerra mediática no paró allí. Al día siguiente de la destitución de estos ciudadanos sin derechos – porque ellos, y todos los militares, son los ciudadanos que no tienen derecho ni a un debido proceso, ni a la presunción de inocencia -, ya no eran 11 los desaparecidos que catalogaban como “falsos positivos” sino miles, afirmaban sin recato los medios de comunicación.
El punto está claro, ese día el actual gobierno cedió precipitadamente a la presión de los medios y de organismos internacionales, y perdió mucho del terreno ganado en la guerra contra la subversión. Los resultados saltan a la vista, la oposición política ha tomado un vigor inusitado, se ha envalentonado y hoy asistimos impávidos a una ofensiva mediática sin precedentes.
El segundo caso, y el más reciente, se parece en todo a los muchísimos a los que podríamos referirnos. Un testigo encapuchado, o anónimo que es lo mismo acusa de interceptaciones ilegales al DAS, pero como no tiene pruebas dice que todas fueron destruidas unos días antes, que fueron chuzados magistrados, políticos de oposición, miembros del gobierno, jueces y periodistas. Es bien extraño que la Corte, sin valorar las pruebas – que según ha dicho la revista Semana, fueron destruidas, se apresure a salir en los medios a denunciar un complot contra ella por parte del gobierno. Dice la corte, que el gobierno está posando de víctima cuando es el victimario, y se apresuran a invocar la justicia internacional, alegando falta de garantías. Que grave es esto! Nuevamente, como ya es costumbre, se desató una formidable ofensiva mediática.
Y como era de esperarse, pues ya ha pasado varias veces, el gobierno cae en la trampa y se apresura a tomar decisiones que vulneran la seguridad de los colombianos, prácticamente desmantelando al DAS y dejándolo como un equipo de investigaciones “de a pié”, mientras los enemigos del Estado van en “avión”.
Este tipo de decisiones tomadas en el calor del escándalo, desatado por los expertos en la guerra mediática, y aprovechada por inescrupulosos magistrados que aprovechan el calor de esta batalla para echarle leña al fuego a una ya vieja pelea que tienen con el Presidente – en la que amenazan incluso con ir a la justicia internacional porque aducen que la justicia no tiene garantías en este país - generan una sensación de inestabilidad, de zozobra y sobre todo, de improvisación por parte del gobierno.
Nada es más alejado de la realidad, si no hubiera garantías, ¿como entonces se entiende que puedan tener a medio Congreso en la cárcel muchos de ellos acusados por testigos muy cuestionables y con procesos bastante dudosos, cantidades de militares detenidos y enjuiciados por dudosas causas? Un ejemplo claro es el del Coronel Alfonso Plazas Vega, que hoy se encuentra detenido por los hechos del Palacio de Justicia, mientras los autores intelectuales de aquel holocausto se pavonean por el congreso, amnistiados y convertidos en los guardianes de la moral pública.
¿Dónde está el gobierno que vino a imponer la ley, que se ha jactado de defender y cuidar que se respeten los derechos de todos, y con mayor empeño los de sus opositores? Es claro que todos los colombianos merecemos se nos respeten los derechos, y que si alguien del gobierno viola la ley debe ser castigado con rigurosidad, pero primero debe ser vencido en juicio según nuestra constitución y mientras tanto, deben ser respetados sus derechos, en este caso, a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Estos son los resultados de esta brutal ofensiva, para quienes piensan que Colombia estamos ganando la guerra, los invito a analizar todos estos hechos, y podrán llegar a la conclusión de que no es suficiente con derrotar a la subversión en el campo militar, sino que hay que derrotarla en el campo que ellos plantean hoy la guerra: En el campo jurídico, mediático e ideológico. Mientras no entendamos la naturaleza de esta guerra, estaremos lejos de ganarla, yo diría que hoy la estamos perdiendo.

sábado, 21 de março de 2009

¿Qué pasó con las investigaciones de la Farcpolítica?

En un país como Colombia, acostumbrado a escuchar el trillado argumento de las exhaustivas investigaciones penales, de las cuales casi nunca se conocen resultados concretos, estamos en el momento oportuno que la Fiscalía General de la Nación y las Altas Cortes encargadas de tomar decisiones de fondo frente al escabroso tema, no solo salgan ante los medios de comunicación a hacer auto-publicidad, sino a mostrar resultados concretos en relación con los implicados en la Farc-política.
Los hechos fueron incontrovertibles. Los archivos electrónicos hallados en los computadores de Raúl Reyes demostraron serios nexos de varios controvertidos personajes colombianos con los terroristas de las Farc. Producto de esos nexos, la pastusa viajera alias Sara, terminó encarcelada, pero en otros casos hay una sospechosa demora.
Los demás implicados siguen tan campantes, como si se cumpliera una vez mas el desagradable adagio que la ley es para los de ruana. Nadie se explica en sana lógica porque la pastusa si fue a la cárcel y los demás implicados no. O porqué la Fiscalía y las cortes han sido tan acuciosos en encarcelar y perseguir a los vinculados en la parapolítica, mientras que a los cómplices de las Farc, no se les judicializa con la misma vehemencia y con la misma prontitud.
Unos y otros son terroristas, delincuentes, y a la vez responsables de la violencia irracional que asedia a Colombia. Por lo tanto, no puede haber diferenciaciones o marcados sentimentalismos ideológicos a favor de los farianos. Es algo similar a la bobería repetitiva de los sabihondos analistas y comunicadores sociales, a quienes se les llena la boca vociferando en contra del dictador Augusto Pinochet, a la vez que son condesciendes con el presidente Fidel Castro….
Es hora que la academia, los medios de comunicación y las instancias judiciales se sacudan. Que cada quien cumpla con lo suyo. Que la Procuraduría encargada por norma constitucional de vigilar la conducta de los funcionarios públicos, meta baza en el asunto. Que los superiores jerárquicos de quienes deben fallar en derecho en cada caso relativo a la Farcpolítica, utilicen las medidas coercitivas del Código Disciplinario Único o de las medidas a que hubiere lugar, para que no vaya a haber impunidad, derivada del ya conocido argumento-disculpa de la falta de pruebas o del vencimiento de términos.
Surge la sospecha que la intencional dilación de estos procesos obedece a que la acción eficaz, eficiente y efectiva contra los bandidos de cuello blanco que actúan en sórdida manguala con la s Farc, tiene implicaciones superiores al ámbito de la esfera nacional de la lucha contra el terrorismo.
Probar los nexos con las Farc de los personajes colombianos mencionados en los computadores de Reyes, como ya sucedió con la pastusa Sara, sería otra herramienta valiosa para certificar por medio de otra vertiente, que los archivos son verídicos y que desde luego que son ciertos, los nexos con los terroristas colombianos por parte de los presidentes Lula, Chávez, Correa, Morales, Ortega y las Ongs citadas en los emails que enviaba y recibía Reyes, los cuáles han sido descifrados por los organismos de seguridad colombianos.
Sería ingenuo creer que Correa y Chávez no han movido sus fichas incrustadas en el Partido Comunista Colombiano, para torpedear las investigaciones de la Farcpolítica, pues saben que si se caen estos procesos, tendrán un as estratégico debajo de la manga, para decir que los contenidos de los computadores de Reyes eran falsos, así la Interpol confirme que los textos no fueron alterados en ningún sentido.
Es hora que la Fiscalía General, los jueces de la república y las Altas Cortes que por razón de sus funciones les corresponda, desaten la madeja de estas enmarañadas investigaciones. Es increíble por ejemplo, que desde hace muchos años, cada vez que se captura o da de baja a un terrorista de cierto nivel de mando dentro de las Farc, en todos los casos sin excepción su prontuario indica que inició la incorporación al grupo delictivo por medio de la Juventud Comunista (Juco) o del Partido Comunista Colombiano (PCC), o de los sindicatos profarianos. Sin embargo las autoridades judiciales miran para otra otro lado y nunca vinculan a los camaradas del PCC a las investigaciones.
Igual que en el caso de Samper con el cartel de Cali, pareciera ser que las regionales de los camaradas, tienen nexos con las Farc, a espaldas del jurásico Comité Central Partido Comunista. Lástima que ya no vive Jaime Garzón, para que dramatizara está realidad en su célebre espacio “En Quac también hay tiempo para el humor”.
Basta con abrir cualquier edición del semanario Voz, órgano de difusión oficial del partido Comunista. Su contenido es pro-subversivo, panfletario, incendiario y coincidente con las tesis de las Farc. No solo en la estratagema de la combinación de las formas de lucha, sino en lo programático, en lo ideológico y en lo procedimental.
No obstante, ni el Fiscal General de la nación, ni los jueces de conocimiento, ni los doctos magistrados encargados de hacer cumplir la ley, se dan por aludidos, ni mucho menos cumplen con su deber de iniciar las investigaciones de oficio, de sustanciarlas y de aplicar el imperio de la ley, contra quienes en irónica contraposición, pretenden derrocar el estado de derecho y suplantarlos por los tribunales de justicia revolucionaria comunista. En realidad no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
De contera, la Procuraduría General de la Nación, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y demás organismos de control o vigilancia, tampoco hacen nada para que haya justicia. Todos se tapan con la misma cobija de la ineficiencia colectiva y la indiferencia consentida frente a los destinos de Colombia.
Por otro lado pareciera ser que fueran intocables los jueces y magistrados venales, que de manera inexplicable, han hecho caso omiso de sus obligaciones legales y morales a lo largo de más de cincuenta años de terrorismo comunista contra la sociedad colombiana. Por ejemplo, nadie se ha atrevido a denunciar ante las instancias respectivas a aquellos funcionarios de la rama jurisdiccional, cuyos fallos han sido sesgados y proclives al ideario subversivo.
Verbigracia los amañados fallos de Pardo Leal cuando se juzgó la cúpula del Eln en los años sesenta y setenta. O la exoneración al terrorista Jairo Capera del M-19 cuando asesinó a sangre fría unos soldados en el Caquetá; o la mas sesgada de todas las decisiones jurídicas de la historia reciente del país: Navarro, Petro, Patiño, Vera Grave, Bustamante y los demás terroristas del M-19 responsables directos e indirectos del holocausto en el Palacio de Justicia y causantes de todos los aberrantes hechos que de su acción se derivaron, hoy son honorables senadores, distinguidos funcionarios públicos, uno es gobernador, y otro es un columnista moralista.
Mientras tanto quienes salvaron la república del inminente naufragio conexo con la debilidad de carácter e ingobernabilidad de Belisario Betancur, hoy están sindicados ante la picota pública por acusaciones diversas.
Y mucho mas.
Ojalá que este llamado de atención llegue a los directivos de los medios de comunicación, a los decanos de las facultades universitarias, al Presidente de la República, a los honorables congresistas, al Fiscal Iguarán, al Procurador Ordóñez, para que no haya mas congresistas parapolíticos o farcopolíticos, ni brujos en la Fiscalía, ni funcionarios del CTI al servicio de los delincuentes como lo denunció Plinio Apuleyo Mendoza hace unos días en otra columna de este diario.
Pero además para que no se repita el espectáculo circense de ver al Fiscal Iguarán asistir como invitado de honor, a un homenaje a una de las personas investigadas por evidentes implicaciones en la Farcpolítica.
Que se investigue a los implicados en la parapolítica, que sobre ellos caiga sin contemplaciones el peso de la ley, que paguen por los daños causados a Colombia, que reparen a las víctimas y todo lo que la ley obligue a cumplir…. Sin contemplaciones!!!!!, Pero también que ese dinamismo, esa energía abrumadora, ese despliegue de protagonismo mediático y de supuesta eficiencia laboral de jueces y magistrados, vaya lanza en ristre con fortaleza contra las Farc, contra los denunciados por Farcpolítica, contra los integrantes del Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano infiltrados en el Polo Democrático y los sindicatos.
Tanto el Fiscal, como los magistrados, como los jueces de la república están obligados a entender que la guerra de las Farc, es un proceso revolucionario que pretende la toma del poder para suplantar todo el actual esquema de gobierno, legislación y justicia, por un sistema comunista calcado de Cuba y cofinanciado por la coca y el gobierno de Venezuela.
Las Farc están guerra contra el orden normativo actual. En el hipotético caso que tomaran el poder, no dejarían viva ninguna cabeza contraria a su línea ideológica. Asi son los procesos de la violencia y el terrorismo comunista. Esto significa que hay una agresión en ciernes.
Es hora que todos los funcionarios de la rama jurisdiccional y la Fiscalía, se alejen de la estupidez funcional, que cumplan a cabalidad sus funciones constitucionales, y que en consecuencia, reaccionen y judicialicen a todos los complotados que desde dentro y fuera del país, conspiran contra la institucionalidad, el Estado de Derecho, la soberanía colombiana y el destino de nuestro país.
En este sentido urgen las decisiones de fondo en torno al tema de la Farcpolítica, sin importar quien deba enfrentar cargos ante los tribunales legítimos.

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido
www.luisvillamarin.co.nr