Señores Magistrados: impartan justicia, ¡no venganza!

Señores Magistrados: impartan justicia, ¡no venganza!

No soy colombiana, tampoco militar, para que puedan comprender mi inquietud sobre ese caso sin existir relación alguna entre ese análisis y alguno de los personajes involucrados en el proceso del Holocausto del Palacio de Justicia. Los hechos y sus consecuencias son por demás conocidos pero vale la pena resumirlos:

El 6 de noviembre de 1985 los terroristas del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia en Bogotá, fuertemente armados. Allá hicieron rehenes a los magistrados y gente del común que se encontraba en el lugar y en la cafetería, con el fin de destruir los expedientes que iban a juzgar el proceso de extradición de los narcotraficantes, teniendo a la cabeza a Pablo Escobar que financió la operación. Los militares fueron llamados por el presidente Belisario Betancur quien les impartió la misión de liberar los rehenes, recuperar la edificación, controlar la situación y detener las acciones terroristas.

El mismo día 6, cuando los terroristas ya habían asesinado a mansalva al administrador del Palacio el señor Tadeo Lozano y a dos vigilantes privados mal armados, los militares incursionaron en el edificio con los tanques Cascabel de fabricación brasileña, rescataron a por lo menos doscientas sesenta personas, controlaron el incendio ocasionado por los terroristas y pusieron fin al asalto a eso de las cuatro de la tarde del 7 de noviembre luego de 28 horas de combate. Al coronel Luis Alfonso Plazas Vega le correspondió comandar los vehículos blindados, enfrentar a los terroristas, rescatar a las víctimas y llevarlas con vida a la casa Museo del Florero (famosa por que allí se dio el comienzo de la independencia de la Nueva Granada, 200 años atrás). Plazas no tuvo responsabilidad con el manejo de los ex rehenes tras salir del palacio. 

En 1986, la Corte Suprema de Justicia creó un Tribunal Especial de Instrucción (TEI) para adelantar una exhaustiva investigación sobre los hechos, conformado por dos magistrados principales, diez jueces especiales e más de treinta jueces auxiliares. De esa investigación el TEI dictaminó que el Ejército colombiano actuó correctamente bajo el mandato de la Constitución en defensa del Estado de Derecho y declaró culpable por la tragedia al grupo terrorista M-19. 

Sin embargo, más de 20 años después de lo ocurrido, los autores del holocausto, el M-19, ya indultados de todos sus crímenes, en cabeza de René Guarín y a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) deciden acusar al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega como responsable de la “desaparición forzada” de 11 personas, entre ellas su hermana Cristina Guarín, que se hallaban en el palacio, figura jurídica que no existía al tiempo de los hechos en Colombia y que, por ende, demuestra su primer error en la acusación.

De los tres testigos aportados en la acusación, dos fueron desechados por su evidente falsedad, pero el tercero se transformó en el testigo estrella: el cabo del Ejército Edgar Villamizar Espinel. En la supuesta declaración en el expediente, el cabo decía haber estado en el conflicto, hablaba barbaridades del coronel Plazas Vega y lo acusaba de haber mandado asesinar esos “desaparecidos”. Pero lo más grave fue el hecho de que las presuntas declaraciones hechas a la Fiscalía en agosto de 2007, habrían sido tomadas en la Escuela de Caballería donde cuenta haber ingresado sin identificación, tampoco hay registros en actas en dicha unidad militar de esa visita. Pero además de eso estaba comprobado que en aquél entonces dicho militar se encontraba en la base militar de Uribe-Meta donde servía en un Departamento muy lejos de Bogotá, que el apellido Villarreal con el que se identificó el declarante no le corresponde, ni tampoco la firma allí estampada, la Fiscalía aceptó ese testimonio falso como verdad fehaciente para condenar el Coronel Plazas Vega.

Con base en toda esa falsedad, el coronel Plazas fue condenado a 30 años de cárcel el 9 de junio de 2010 por unos crímenes que solo podría haber cometido se tuviera el don divino de la ubicuidad, pues los rehenes rescatados fueron llevados a la Casa del Florero, mientras en coronel lo único que hacía era sacarlos del Palacio de Justicia y jamás estuvo en el lugar para adonde fueran llevadas esas personas.

En mayo de 2011 finalmente el cabo Villamizar, que hasta el momento jamás había sido buscado por la Fiscalía o declarado en ningún lugar y de él solo se conocía esa declaración falsa de toda falsedad, aparece y dice que fue suplantado, que aquella firma no es suya, confirma que nunca estuvo a órdenes del coronel Plazas Vega, que no lo conoce, que nunca lo ha visto personalmente y que en aquél 6 y 7 de noviembre de 1985 había seguido los sucesos por la televisión. El Procurador General de República, Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, personalmente le tomó la declaración y esta fue enviada al Tribunal Superior de Bogotá, donde la sala mayoritaria que condenó al Coronel Plazas Vega en segunda instancia descartó esta declaración del verdadero Villamizar por “extemporánea”.

A la vez, el Director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Bogotá, el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, afirma que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres  ligados al expediente del Palacio de Justicia, y le había entregado 64 de esos restos para que tratara de identificar a los terroristas muertos en el Palacio de Justicia, pero la Fiscalía tuvo el cuidado de separar 27 cadáveres dentro de los que se encuentran los que corresponden a los supuestos “desaparecidos” y que se encuentran en su poder hasta la fecha. Pero de la tarea de investigar eso y de realizar las pruebas de ADN que podrían identificar a quiénes pertenecen dichas osamentas, nadie se preocupó. Es decir, la Fiscalía sabe donde están los cadáveres de los “desaparecidos”, sabe que están muertos y sigue con ese sainete macabro.

Finalmente, en 30 de enero de 2012 el Tribunal Superior de Bogotá dicta el fallo que ratifica la condena del Coronel Alfonso Plazas Vega a treinta años de cárcel. De los tres magistrados que tenían la obligación de analizar el caso, el magistrado ponente, Hermens Darío Lara Acuña, quien se tomó 16 meses estudiando detalladamente el proceso y proyectó su absolución, alegando, entre otras cosas que: “En la sentencia de primera instancia se confunden ‘hipótesis a comprobar y hechos comprobados’”, y que eso “se convirtió en otro de los instrumentos por medio de los cuales se afirmaron premisas sin aporte probatorio, los que, a su vez, sirvieron de sustento a varias decisiones en este proceso”. Y más adelante: “En esta actuación judicial hay muchos, se diría mejor, demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”.

Y sigue el magistrado Lara Acuña afirmando que “hubo en el proceso un elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”. Critica Lara Acuña como fueron valoradas las pruebas en el proceso afirmando que en éste hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores, cambios dramáticos e radicales de versiones de los testigos” y reitera que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas” y por eso pide la absolución del Coronel Plazas Vega.

Hace un par de semanas el CTI hizo una comparación entre las firmas del supuesto cabo Villamizar y declaró que eran autenticas e idénticas, pero eso es otra desvergonzada trampa, toda vez que las firmas comparadas son de dos documentos firmados por la misma persona que suplantó al verdadero cabo Villamizar y, además de eso, quienes avalaron pertenecen a la misma organización de quienes firmaron como “testigos” de la dicha falsa declaración y por esa causa están sometidos a investigación penal. Es decir, están actuando como Juez y Parte en la diligencia grafológica. 

Ahora bien, hay que analizar los actores interesados en la condena del Coronel Plazas. El autor de la denuncia, René Guarín, perteneció al M-19 y ha sido condenado por el secuestro de un empresario, por ende, es miembro de la parte involucrada en el asalto al Palacio de Justicia. El CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) que vive de abrir expedientes en contra de los militares, fue denunciado hace poco por fabricar falsos testigos con fines de millonarios pagos, como se quedó comprobado en los casos de Mapiripán, Santo Domingo y otros más, incluso la CIDH está al tanto y les pidió explicaciones por sentirse molesta en haber avalado la trampa en el caso Mapiripán.

Por parte de la Justicia todo parece ser más fangoso aún, considerando que la ex fiscal Viviane Morales fue jubilada por invalidez total y si está inválida no debería siquiera asumir un cargo público. Además de eso, es casada con un “ex” terrorista del M-19, Carlos Alonso Lucio, y que en cualquier país del mundo la tornaba impedida in limine por ser parte involucrada en el proceso. Y lo más exquisito en eso es que el mismo Carlos Alonso reconoce la inocencia del Coronel Plazas y ¡pide perdón para él! (el Coronel Plazas le aclaró en Carta Abierta que no aceptaba perdón por un delito que no había cometido, sino que exigía justicia y absolución). 

De los tres magistrados que ratificaron el fallo en primera instancia, el Dr Alberto Poveda también ha debido declararse impedido, toda vez que en el año 2002 figuró en la lista a Cámara de Representantes del Polo Democrático que es una coalición del M-19 y el Partido Comunista Colombiano, por ende, parte interesada en la condena. De esa manera, el fallo de segunda instancia no puede se considerar válido, toda vez que un magistrado votó en contra y de los dos a favor uno estaba impedido. Los dos magistrados que condenaron al Coronel ni siquiera tuvieron tiempo para estudiar el proceso. Además una condena a 30 años no puede decidirse por mayoría sino por unanimidad, pues de lo contrario se viola el principio universal del In dubio pro reo. En este caso, con el agravante que quien pide la absolución es el único de los tres que se leyó el expediente de mas de 65.000 folios. 

Mirando tamaña barbaridad que acompaño hace años, me vino a la memoria una obra de ficción muy conocida del renombrado escritor checo Franz Kafka, “El Proceso”, que cuenta la historia de Joseph K., personaje que cierto día despierta y sin ningún motivo es arrestado y sujeto a un largo e incomprensible proceso por un crimen no revelado. La obra presenta una narrativa desorientada, cargada de sorpresas surreales, generadas en un clima de sueños y pesadillas, mezclados a hechos reales, componiendo una trama en donde la irrealidad  raya la locura. Y así me parece es lo que viven hoy el Coronel Plazas Vega y el General Arias Cabrales...

Y mientras las Cortes de Justicia siguen con sus “Procesos” en contra de los militares, revocan órdenes de captura contra terroristas de las FARC y liberan a otros tantos por “vencimiento de términos”, artificio amañado para liberarlos y seguir fabricando “falsos positivos” para condenar eses héroes de la patria. En esos casos de los terroristas liberados se observan “serias irregularidades”. Mientras tanto el incumplimiento del derecho al debido proceso, y todo tipo de irregularidades se han cometido en el caso del Palacio de Justicia, por el deseo patológico de condenar a ultranza al Coronel Plazas Vega y al General Arias Cabrales como criminales de la peor calaña, demostrando que estamos frente a un Tribunal Revolucionario al estilo estalinista, donde los acusados iban a los estrados ya con su sentencia lista, ya fueran inocentes o no, pues así lo decidía el partido comunista.

La desgarradora entrevista que el cabo Edgar Villamizar ofreció hoy al Dr. Fernando Londoño Hoyos en su programa radial “La Hora de la Verdad”, presentada abajo, debería servir como pieza procesal en ese caso, pues la justicia colombiana no puede seguir haciendo oídos sordos a la verdad, la única verdad en ese proceso kafkiano, en ese caso aberrante, asqueroso y que huye a la más elemental lógica del Derecho en cualquier país democrático del mundo. 

Señores Magistrados: no mancillen el nombre de honrados militares. No asesinen la Justicia Colombiana ante el mundo pero, sobre todo: impartan justicia, ¡no venganza!

G. Salgueiro