quinta-feira, 1 de julho de 2010

Caso Coronel Plazas: Guarín en maniobras desesperadas

Observatorio brasileño da seguimiento a la saga del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, de esa vez con un contundente articulo de Eduardo Mackenzie, periodista colombo francés radicado en Francia, que es un puñetazo a la cara de todos que siguen insistiendo en las mentiras acerca de los “desaparecidos” de los hechos del Palacio de Justicia.

El abogado de las familias de los “desaparecidos”, René Guarín, sigue con su trabajo de sapa, ahora participando en cuantos programas de radio se le ofrezcan para que él siga acusando el Coronel Plazas de estar “desacatando” el fallo de la juez Jara, por haber sido trasladado de la Picota para donde constitucionalmente se quedan todos militares que aguardan encarcelados los juicios en su contra, o sea, en la Escuela de Infantería del Ejército en Bogotá. Todo en conformidad con las leyes.

Y ese articulo ha suscitado tanto alboroto por parte de los que quieren a todo costo condenar a un inocente, que la radio “W” resolvió hacer un “debate” entre Eduardo y Guarín. Oigan lo que dice cada cual y saquen sus conclusiones. A mi me pareció – salvo se me equivoco – que la radio sigue los pasos de los comunistas que quieren a sangre y fuego acabar con el Coronel Plazas, o entonces tiene miedo de ese tinterillo.

Hay aun un articulo-denuncia escrito y enviado por Ricardo Puentes Melo al Procurador General de la Nación, Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, muchísimo bien fundamentado, donde él pide al procurador investigar lo que ha sido hecho de los 36 cadáveres enviados a la Universidad Nacional de Colombia, bajo la responsabilidad de Laboratorio de Antropología Física que han sido victimas de la masacre del Palacio de Justicia. Hoy la ciencia forense cuenta con las pruebas de ADN que pueden identificar los restos de esas persona y eso es muy, pero muy importante para probar la inocencia del Coronel Plazas, si todavía quedar dudas cuanto a su acción en el Palacio. No se pierdan de leerlo aquí. Observatorio brasileño sigue atento a los hechos del Coronel Plazas Vega. Que Dios nos bendiga a todos y hasta la próxima!

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Guarín en maniobras desesperadas

Por Eduardo Mackenzie

30 de junio de 2010

René Guarín desató una nueva campaña de odio contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pocos días después de que éste recibiera la cuestionada y surrealista condena, en primera instancia, de 30 años de prisión. Furioso porque el Inpec había trasladado al Coronel a la Escuela de Infantería de Bogotá, y no a la cárcel de la Picota, el hermano de Cristina Guarín, una de las personas que perdieron la vida en la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, acusó al Coronel de “desacato”. Es el mundo al revés: el traslado a la guarnición militar fue una decisión del Inpec, y de nadie más.

En su carta al Inpec del 18 de junio de 2010, la juez María Stella Jara Gutiérrez ordena trasladar al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega “a un sitio de reclusión”. Allí la juez no dice que el Coronel debe ser llevado a una cárcel. Al usar la fórmula “sitio de reclusión” la juez indicó, con precisión, que Plazas debía ir a una guarnición militar pues así lo determina la ley. Una resolución vigente habilita a la Escuela de Infantería para servir como lugar de reclusión de los militares que son objeto de un proceso penal. Allí se encuentran, por ejemplo, el general Uscátegui y el general Arias Cabrales. Allí estuvo, hasta su absolución, el Almirante Arango Bacci.

La juez Jara había intentado, en agosto de 2009, trasladar a la Picota al Coronel Plazas violando su estatuto militar. Fracasó. El coronel regresó al Hospital Militar, pues su estado de salud lo exigía. Pero la violencia y arbitrariedad utilizada en ese traslado reveló el alto contenido emocional que impregna ese proceso y la subjetividad más que culpable sobre la que reposa el fallo del 9 de junio de 2010.

René Guarín conoce perfectamente estas cosas. Sin embargo, él no vaciló un minuto al ir a mentir ante varios periodistas bogotanos. El quería que difundieran, como algunos hicieron, su desorientador punto de vista. Lo hizo de manera consciente y deliberada. Y arrastró a ello a Cecilia Cabrera, otra familiar de un “desaparecido”. Y Guarín agregó: “El fallo es claro al decir que la reclusión debe ser en una cárcel, pero la Escuela de Infantería no es una un sitio de reclusión particular”. Falso. La sentencia del 9 de junio de 2010 no aborda el tema del lugar de reclusión. Guarín lo sabe. Sus abogados lo saben. Lo que busca Guarín es impresionar a los periodistas dóciles y desorientar a la opinión pública.

Guarín agregó otra enormidad: “Vamos a escribirle al Tribunal Superior de Bogotá, para que tenga en cuenta este desacato (sic) por parte del coronel Plazas de la sentencia para que le confirme los 30 años que le dio la juez tercera especializada”. ¿Cuál desacato? En ese traslado nadie desacató a nadie. Incapaz de criticar directamente a la juez Jara Gutiérrez por no haber hecho lo que él quería, Guarín ataca de manera cobarde al coronel Plazas. Lo mismo hizo Cecilia Cabrera, quien estimó que ese traslado “es una burla a la justicia”.

De ese episodio hay que sacar una conclusión: cuando se es capaz de mentir tan descaradamente, y en materia tan grave, es porque se ha mentido antes, y, sobre todo, a lo largo de este proceso.

Acostumbrados a obrar a sus anchas, y a diseminar en diarios y radios informaciones falsas, esos personajes insultan ahora a la misma juez Jara y al Inpec. Creyendo haber ganado la partida, con la sentencia del 6 de junio, quieren ir más lejos. Esa voracidad no conoce límites. ¿Por qué ese interés desmedido en que el Coronel Plazas vaya a dar a la Picota, infestada de matones y narco terroristas, gente que él combatió con determinación? ¿Por qué Guarín está gritando ahora que el Coronel Plazas debe ser llevado a una cárcel muy lejos de Bogotá que el llama “cuatro bolas”?

¿Qué se está tramando con esos alaridos?

La campaña de Guarín, quien se mueve entre Bogotá, Madrid y Bruselas, financiado no se sabe por quién, es la de un desesperado. Es comprensible. Probablemente el juez de segunda instancia rechazará la sentencia de la juez Jara Gutiérrez. Pues estamos ante una paradoja: el mayor argumento a favor de la inocencia del coronel Plazas Vega se encuentra en la sentencia de Jara. Los colombianos deberían leer ese documento. Es verdad, son 302 páginas y la prosa no es bella, ni amena, ni fluida. Se encuentran allí tecnicismos, neologismos, giros jurídicos desuetos y teorías rarísimas como el de la “culpabilidad mediata” (lejana). Pero no importa. Esa sentencia, si se la lee con atención, ofrece una verdad: el coronel Plazas es inocente, y la juez no encontró prueba alguna contra él.

El mismo Guarín sabe que lo que cuenta es la venganza. Guarín dijo el 18 de abril de 2010, antes de la sentencia, que ésta tendría poco que ver con la justicia, que sería otra cosa: “Hablar de justicia en un caso como este es muy difícil teniendo en cuenta que es un proceso que comenzó 20 años después de haberse perpetrado el crimen, donde la justicia comienza a actuar tardíamente.” (Ver www.elperiodico.com.co, 18 de abril de 2010).

La juez utilizó, sobre todo, dos testimonios totalmente anómalos: el de Tirso Sáenz y el de Edgar Villamizar. Ambos son falsos de toda falsedad. La juez rechazó el primero (pues éste reveló que había pedido dinero y ventajas procesales a cambio de su falso testimonio), y acogió el segundo, el más ilegítimo y deshonesto. Cualquier otro juez habría anulado ese proceso por la presencia de tales “pruebas”. La Procuraduria General pidió por eso absolver a Plazas. El juez de segunda instancia no tiene más salida que rechazar ese fallo. Guarín y sus amigos lo saben y eso los desestabiliza.

Villamizar es un testigo fantasma. La propia juez nunca lo vio ni lo interrogó. Tampoco la defensa. Su testimonio fue firmado con una firma y una identidad falsas. No se sabe siquiera dónde el fantasma rindió a la fiscal su “testimonio”. Pues en los registros de entrada a la Escuela de Caballería del 1 de agosto de 2007 su nombre no aparece. El fantasma nunca aclaró eso, ni se presentó jamás al juzgado. Su testimonio es un anti-testimonio. ¿Por qué sólo 22 años después de los hechos del Palacio apareció (fugazmente) ese testigo tan sospechoso? ¿Quién mueve los hilos de ese grotesco títere? El fantasma no dice siquiera que vio a Plazas secuestrar ni apresar a nadie. No afirma que fuera testigo de que Plazas diera una orden en ese sentido. La juez no pudo probar que ese fantasma hubiera estado en la refriega del Palacio de Justicia. Esos dos días él los pasó en el batallón Vargas de Granada (Meta). El pretende haber sido transportado el día del incidente en un helicóptero para 14 personas. Las fuerzas militares colombianas no tenían en 1985 ese tipo de helicópteros. Sus helicópteros sólo podían llevar 5 o 6 tripulantes. Ninguno de los combatientes de la fuerza pública vio al fantasma en la refriega. Ese es, sin embargo, el testigo de cargo clave sobre el cual descansan las 302 páginas de la sentencia de la juez Jara Gutiérrez.

La prensa no puedo siquiera preguntarle a la juez por qué falló con un material probatorio tan endeble, pues ella se fue del país sin dejar dirección. Ese proceso es, pues, una montaña de injusticias y de enigmas. Es el escándalo más grande de la historia judicial de Colombia. Ese fallo es una mancha infamante para toda la rama judicial, la cual será lavada por el juez de la segunda instancia.




Comentarios: G. Salgueiro

domingo, 27 de junho de 2010

¡Qué vergüenza de sentencia!

¡Qué vergüenza de sentencia!

La condena del Coronel (r) Alfonso Plazas y su reclusión carcelaria, a nuestro juicio, son violatorias del Derecho Penal Nacional e Internacional, ya que no se logró probar su culpabilidad y además no se le juzgó conforme a la ley vigente cuando comandó la retoma del Palacio de Justicia, cumpliendo, así, con su deber constitucional e ineludible de defender las instituciones.

Esa es la cara de la juez María Stella Jara, la defensora de terroristas, la indigna, la ímpia y que mancilla la Justicia de Colombia con sus fallos criminales. ¡No se olviden de esa cara!

EL COLOMBIANO| Medellín | Publicado el 26 de junio de 2010

No sólo nos parece injusta la condena del Coronel (r) Alfonso Plazas Vega sino su reclusión carcelaria, ya que a nuestro juicio este proceso es violatorio del Derecho Penal Nacional e Internacional, pues no se demostró su culpabilidad por el delito de desaparición forzada de personas, crimen que además no existía en la legislación colombiana al momento de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Esta sentencia puede conducir a una desmotivación de la Fuerza Pública, que ve cómo, 25 años después, se le aplican normas de nuevos Códigos, algo totalmente violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala: "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos según el derecho aplicable". Y el Código Penal vigente en 1985 no tipificaba el delito de desaparición forzada.

También consideramos contraria a derecho la condena de 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada, porque no está probado que fuera Plazas quien diera la orden de desaparecer a algunos de los sobrevivientes o que conociera de alguna orden en tal sentido y que, pudiendo evitarla, no lo hubiera hecho. ¡Qué vergüenza de sentencia!

Esta sentencia fue apelada por la defensa del Coronel (r) Plazas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del que esperamos toda la sabiduría para que este Coronel sea juzgado conforme a la ley, y no a intereses ajenos a la verdad.

Los colombianos no queremos una politización de la Justicia sino unos jueces que sepan interpretar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el Holocausto. Los magistrados tampoco podrán desconocer que la ley penal sólo es retroactiva en los aspectos favorables al acusado.

No debe olvidarse que fue el M-19 el causante de la peor tragedia que haya vivido la Justicia de Colombia en toda su historia. Y a pesar de ello la sociedad fue generosa y le otorgó el indulto al grupo subversivo. ¿Por qué entonces se pretende ahora imponer un trato discriminatorio y enviar a la cárcel a quienes estaban repeliendo los ataques? ¿Por qué no recuerdan también que, gracias a la acción de las Fuerzas Armadas, cientos de personas salvaron sus vidas a pesar del asalto guerrillero?

Hay que recalcar que la motivación del M-19 para la toma del Palacio no fue ninguna causa altruista en bien del pueblo por el que decían luchar. No. Su interés era suspender la extradición. La Comisión de la Verdad creada en 2005 demostró cómo el llamado cartel de Medellín, le pagó dos millones de dólares al grupo guerrillero con el fin de destruir los procesos contra los denominados extraditables, como en efecto sucedió.

Y si bien nunca dejaremos de lamentar la muerte y desaparición de las víctimas inocentes que dejaron estos luctuosos hechos, no estamos de acuerdo con hacer responsables a los servidores de la Patria, que no tenían otra alternativa sino la de defender la institucionalidad de la cruenta embestida de la guerrilla.

¿Dónde queda la responsabilidad del M-19? ¿Serían capaces sus antiguos miembros de renunciar al indulto, a los altos cargos que algunos ejercen desde su reinserción a la vida civil y someterse a procesos judiciales como el que se le sigue al Coronel Plazas?

En esa búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia, la comunidad debería exigir igualdad en el tratamiento de los procesos y en la aplicación de la ley. Es injusto tener dos raseros divergentes: uno, que posibilita el perdón y el indulto para los guerrilleros; y otro, que condena y lleva a la cárcel a los servidores de la Patria. ¡No hay derecho!